Esta columna fue publicada originalmente en el diario Washington Post por Erika Montecinos, coordinadora de RS
Hay una escena en la película Si estas paredes hablaran (If These Walls Could Talk 2) donde el personaje de la actriz Vanessa Redgrave observa su casa vacía luego de que la familia de su pareja fallecida la expulsara de la morada que había construido y conformado por más de 20 años con la mujer que amó. Para los hijos de su difunta compañera, ella solo era una amiga, una “nadie”, sin un vínculo reconocido que había que respetar.
Esta situación dramática se ha repetido durante años en muchos países, pero lentamente se ha ido rompiendo el cerco gracias al avance de las legislaciones y a la lucha incansable de activistas y organizaciones LGBT+. El 7 de diciembre Chile se convirtió en el séptimo país de América Latina y el trigésimo en el mundo en aprobar el matrimonio igualitario.
Este logro no es menor en un país que antiguamente fue conocido como conservador, con profundas raíces patronales y con una dictadura militar y moral entre medio, que impidió el avance de las libertades. Más aún cuando está la amenaza de que ese conservadurismo permanezca con la posible asunción al poder del ultraderechista republicano José Antonio Kast, uno de los dos contendientes a la presidencia en las elecciones del 19 de diciembre, quien en innumerables ocasiones ha atacado a las comunidades LGBT+ a punta de informaciones falsas y argumentos basados en sus creencias religiosas.
En 2017, Kast dijo en su cuenta de Twitter que “La Moneda (casa de gobierno) se rinde a la dictadura gay. Las instituciones públicas son de todos los chilenos, no de minorías”. Últimamente ha intentado “moderar” su discurso de cara al balotaje al decir que, si bien no le gusta el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo respetará, de lo cual desconfian organizaciones y activistas LGBT+. Sobre todo cuando se han intensificado los ataques y discursos de odio de sus adherentes en redes sociales, e incluso de diputados electos de su partido como Johannes Kaiser.
Ante el conservadurismo siempre han existido resistencias, rebeldías y realidades que se imponen a las creencias y deseos de unos pocos. Hay parejas que han envejecido juntas, pero nunca tuvieron la posibilidad de ver reconocida su relación amorosa por las sociedades y el Estado, tal como cuenta la escena de la película. Por eso, para algunos sectores de las comunidades LGBT+ de Chile es un triunfo histórico porque permite que cumplan con sus proyectos de vida, muchas veces truncados y obstaculizados por la homofobia, lesbofobia y transfobia.
La iniciativa de legalizar el matrimonio igualitario tuvo una historia de estancamiento. Fue en agosto de 2017, durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que ingresó al Congreso el proyecto de ley. En aquella oportunidad, ella dijo: “No es ético ni justo poner límites artificiosos al amor, o negar derechos esenciales solo por el sexo de quienes integran una pareja (…) Negar la igualdad de derechos y libertades para todas las personas, cualquiera sea su sexo, su raza, nacionalidad, su orientación sexual o su identidad de género, es inexcusable”. Y añadió: “Sabemos que el Acuerdo de Unión Civil es un piso mínimo en reconocimiento, protección y dignidad que nuestro Estado puede entregar a sus familias. Sabemos que, para la igualdad plena en el reconocimiento del amor humano, debemos dar un paso más”.
Ese paso más era reconocer a las familias que conforman las personas LGBT+. Por eso, a esto tan importante e histórico se sumó un tema puntual que marca la diferencia con otros cuerpos legales que se impulsaron con anterioridad en Chile: el reconocimiento y resguardo a los hijos e hijas de familias diversas. Habitualmente decíamos en nuestras comunidades que eran las y los nuevos hijos ilegítimos de hoy. Aquellos que sí fueron reconocidos en parejas heterosexuales por la ley de filiación durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y en donde se dijo, con bombos y platillos, que nunca más en Chile habrían “hijos huachos” (palabra de origen mapuche que denomina despectivamente a quienes no son reconocidos por un “padre”). Pero esta situación continuó durante años sin que alguien reparara en la tremenda injusticia de situar a familias de primera y segunda categoría. Ahora las parejas homosexuales y lésbicas tienen los mismos derechos y obligaciones que las heterosexuales.
Con el avance de las técnicas de reproducción asistida, y ya que en Chile no hay impedimentos legales para su acceso, muchas parejas de mujeres, por ejemplo, fueron cumpliendo su sueño de conformar una familia pero sin ser resguardadas por el Estado. Las mismas madres y sus hijas e hijos, con el apoyo de organizaciones de lesbianas, comenzaron a visibilizar estas realidades, desconocidas por una gran parte de la población. A eso se suma la adopción. Todo ello queda subsanado, al menos en algunas situaciones, con este cuerpo legal recientemente aprobado por el Congreso, que con 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones, terminó con décadas de injusticia.
Sin embargo, este nuevo y gran avance no hace que terminen las aberrantes violencias que afectan a gran parte de la diversidad sexual. En el último año, se registró un aumento de casi 15% con respecto al año anterior en casos de violencia y abuso contra las comunidades LGBT+. Según el Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, es la cifra más alta desde que se tiene registro. En ese mismo documento se explica que “el incremento ya no solo se relaciona con que las víctimas denuncian más y están más empoderadas, sino también porque hay un aumento de la discriminación, en particular cuando se registran avances proderechos LGBTI contra los que los opositores a la igualdad se movilizan con fuerza, violencia y sistematicidad”.
Es por ello que las luchas no terminan. En lo legislativo, falta incorporar a los niños y niñas trans a la Ley de identidad de género, y también está pendiente reformar y fortalecer leyes que condenen y establezcan penas a quienes cometan agresiones y crímenes por odio a las comunidades LGBT+.
En lo social queda algo crucial en este momento de la historia, que es enfrentar el avance sostenido de una oleada política conservadora y basada en creencias religiosas que pretende hacer retroceder los derechos que han costado años ganar a las mujeres y diversidades sexuales: sectores de ultraderecha que ya fueron electos en el Congreso y que pretenden llegar al poder para obstaculizar estos derechos.
Con el avance del matrimonio igualitario, tal vez las situaciones ocurridas al personaje de Vanessa Redgrave se repetirán cada vez menos, pero la lucha por la dignidad y el respeto a existir y a elegir nuestras familias no va a detenerse. Al menos Chile ha dado un paso en la dirección correcta. Un gran paso que puede salvar las vidas de aquellas y aquellos históricamente segregados.
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