Colectivas y agrupaciones lésbicas, trans, aliadas en la lucha LGTBIQ+ y feministas autónomas y antirracistas, difundieron el segundo reporte sobre violencias ejercidas por agentes del Estado en contra de cuerpos disidentes sexuales, en el contexto del Estado de emergencia decretado por Sebastián Piñera y la represión de la protesta social.
En el texto se registran casos de compañerxs que sufrieron los excesos de la violencia policial, que sumados a los expuesto en el primer informe, alcanzan 62 hechos de violencia fuera de todo protocolo institucional. Destacamos que estas afectaron principalmente a lesbianas visibles, como es el caso de Karen Ulloa que estuvo encarcelada durante tres meses y que fue arrestada nuevamente el 7 de abril de forma ilegal y en contexto de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.
Lxs activistas que publicaron los hallazgos, evidencian que el catastro puede estar incompleto principalmente por el silencio que cubre este tipo de agresiones, producto de la normalización, la lesbotranshomofobia, y la impunidad con la que actúan funcionarios públicos de Carabineros de Chile cuyas conductas delictuales son amparadas por la denominada “Agenda de Seguridad del Gobierno”, aprobada por el Congreso, y también, por el desconocimiento del Estado a los diversos informes de entidades internacionales que persiguen el respeto de los Derechos Humanos.
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